¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo”.

Este texto, extraído de la Ley de Segunda Oportunidad, explica a la perfección cuál es el objetivo de esta norma: permitir que una persona física, “a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

¿Cuál es el origen de esta ley?

La Ley de Segunda Oportunidad tiene su origen en Estados Unidos, donde se aplica desde hace años. En España venía reclamándose un procedimiento para evitar el endeudamiento perpetuo de estos colectivos desde hacía tiempo, pero la ley no llegó hasta 2015. Así, nuestra Ley de Segunda Oportunidad se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de julio de 2015, y entró en vigor el 30 de julio del mismo año. Su nombre oficial es ‘Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social’, y en ella se regula el concurso de acreedores de la persona física.

Se trata de una ley que tiene como objetivo principal aliviar el peso del sobreendeudamiento en autónomos y particulares. Hasta ahora solamente las empresas contaban con un mecanismo legal para pedir y conseguir la exoneración de sus deudas. Sin embargo, en la legislación actual se contempla al fin la posibilidad del concurso de acreedores para personas físicas: la segunda oportunidad.

¿En que consiste la Ley de Segunda Oportunidad?


La Ley de Segunda Oportunidad no es un mecanismo para evitar pagar las deudas de un particular o autónomo: su objetivo es propiciar una reestructuración de su pago y llegar a un nuevo equilibrio entre acreedores y deudores. En última instancia, se puede llegar a producir la exoneración de la deuda si es verificable que la persona es incapaz de saldarla, solicitando el llamado BEPI (Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho), o lo que es lo mismo, la cancelación total de las deudas por ley.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?


La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a personas particulares y profesionales autónomos en situación crítica financiera y sobreendeudamento. Antes de esta Ley no existía un vehículo legal claro para pedir la exoneración de sus deudas: hasta 2015 solo las personas jurídicas (básicamente, las empresas) contaban con un sistema legal de exoneración de deudas.

¿Cuales son los requisitos para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

1º. El deudor debe demostrar que no existe posibilidad de liquidar las deudas con patrimonios propios y, en el supuesto caso de que sea posible, el deudor compensará a sus acreedores con la cesión de los bienes no necesarios para el ejercicio de su actividad profesional. El valor de los bienes siempre tiene que ser menor o igual a la cantidad adeudada.

2º. La suma total de las deudas no pueden superar los 5 millones de euros.

3º. El deudor deberá estar de acuerdo en que antes de iniciar el proceso para la cancelación de las deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad haya un intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.

4º. El deudor debe haber actuado siempre de buena fe, o sea, que su situación de impago no sea voluntaria y que haya intentado pagar sus deudas y negociar con sus acreedores. También que no haya cometido algún delito económico.

5º. El deudor, en los 10 años anteriores, no debe haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, Hacienda Pública, la Seguridad Social y los Derechos de los trabajadores.

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