Una desempleada de Las Palmas de Gran Canaria logra con la Ley de Segunda Oportunidad cancelar 47.000 euros de deuda. La acumulación de deudas debido a una reducción de ingresos al entrar en un ERTE durante la pandemia, llevó a E.M.N, fisioterapeuta de profesión, a recurrir al uso de tarjetas y préstamos para hacer frente a sus gastos vitales. Posteriormente, al perder el empleo en 2012, se vio sobrepasada por las deudas, sin recursos económicos para hacer frente al pago de sus acreedores.
La empresa especializada Canarias Sin Deuda, referente en la tramitación de esta ley en el Archipiélago, ha llevado a cabo la tramitación del proceso que ha concluido con éxito permitiendo a esta vecina de Las Palmas empezar de nuevo y sin deudas. La Ley de Segunda Oportunidad permite, desde 2015, que particulares y autónomos puedan optar a librarse de sus deudas, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos que establece.
El abogado experto de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz, responsable de la oficina de Gran Canaria, explica que “En este caso no había terceras personas que pudieran asumir la deuda y la demandante cumplía todos los requisitos que exige la Ley de Segunda Oportunidad, por lo que, tras llevar a cabo la tramitación, se ha dictado la concesión de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que implica la cancelación total de la deuda, lo que supone una nueva oportunidad para rehacer su vida, sin tener que volver a preocuparse por dichas deudas, con la consecuencia que jamás podrán volver a reclamarlas”.
E.M.N. explica que “otras vías eran imposibles” y que recurrir a Canarias Sin Deuda le permitió “entender que existía una solución a su situación financiera. Ahora puedo centrarme en los planes de futuro que había tenido que parar por los problemas económicos”.
Cómo recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad
Las condiciones necesarias para poder recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad y tramitar la exoneración de todas las deudas son: demostrar que el deudor ha actuado de buena fe, que el importe de las deudas no supere los cinco millones y no tener antecedentes por delitos contra el patrimonio o de carácter socioeconómico.
Cada trimestre unas 100 personas en Canarias inician un procedimiento de este tipo y, según los expertos del bufete especializado, esta cifra va en aumento a causa de la inestabilidad laboral y el aumento de la inflación. En palabras de Samuel Díaz “la mayoría de las personas que recurren a este mecanismo legal se encuentran en un ciclo de desesperación y no tienen conocimiento técnico, por lo que es importante contar con un buen asesor que desde el primer momento analice bien el caso para tener la seguridad de que su situación se ajusta a los requisitos”.
